La decisión del Tribunal Constitucional de anular la reforma que permitía el libre uso del velo fue interpretada el pasado viernes por los analistas políticos y los medios de comunicación como el precedente de lo que podría ser la decisión en el proceso sobre la ilegalización del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
“Malas noticias para el AKP”, tituló el viernes a toda página el diario liberal ‘Radikal’ y recordó que en la acusación de la Fiscalía contra el AKP se alega la reforma constitucional que permitió brevemente el uso del velo en las universidades como una de las principales razones por las que esta formación se ha convertido supuestamente “en un núcleo de actividades anti laicas”.
La decisión del Constitucional fue tomada con 9 votos a favor y 2 en contra, un resultado que podría repetirse en el proceso contra el AKP ya que, según un análisis del diario centro-izquierdista ‘Milliyet’, tras la sentencia de ayer “se refuerzan” las posiciones de la acusación del Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, quien además de la ilegalización del partido en el gobierno exige la inhabilitación del presidente de la República, Abdullah Gül, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y 69 dirigentes del AKP.
El diario nacionalista laico ‘Cumhuriyet’, tituló con un gran “Punto y final para el velo” y recogió la valoración de algunos rectores que consideraron la sentencia como “una decisión histórica para el laicismo”.
Los rotativos cercanos al gobierno Erdogan acusaron al poder judicial de “desautorizar” al poder ejecutivo y de asumir tareas propias del poder legislativo, mientras la prensa liberal recordó que la modificación constitucional del velo fue aprobada con los votos a favor de 411 de los 550 diputados de la asamblea turca y el apoyo de los grupos parlamentarios del AKP, del Partido de Acción Nacionalista (MHP) y del grupo kurdo.
Ahora los analistas turcos se preguntan si la corte constitucional defendió ayer el laicismo o, en cambio, dio “un golpe de estado judicial”, como lo calificaron varios dirigentes del AKP.
“Desde ayer, el régimen turco se ha dotado de un nuevo carácter. Se ha tornado imposible cambiar la constitución. La autoridad judicial ha tomado una posición sobre el resto de poderes”, observó el periodista Rusen Çakir.
Desde que entró en vigor la actual constitución, redactada por la Junta Militar en 1982, ésta es la primera ocasión en que una reforma constitucional es anulada por el alto tribunal de Turquía.
Según el análisis de ‘Milliyet’, con este pronunciamiento el Tribunal Constitucional ha subrayado la importancia de los llamados “principios inmutables” de la Constitución que son: la forma republicano del estado, la democracia, el laicismo, el estado de derecho, la solidaridad nacional, los derechos humanos, el nacionalismo de Atatürk, la lengua turca, la indivisibilidad del estado, la capital en Ankara, el himno y la bandera nacional.
El artículo 4 de la carta magna establece que estos principios “no deberán ser enmendados y tampoco se puede proponer enmiendas a los mismos”.
Pero la cuestión radica en que el artículo 148 de la constitución turca establece que las reformas de la carta magna sólo podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional en su aspecto formal y no juzgadas por su contenido, algo que, según el ex presidente del Tribunal Supremo Sami Selçuk no han tenido en cuenta los magistrados constitucionales.
El politólogo Ersin Kalaycioglu denunció que la decisión de los magistrados “no se inscribe en el campo de lo legal, sino de la política” y su colega Ergun Özbudun criticó que no hay ejemplos de tal actuación judicial en ningún país europeo y que la decisión “aumentará las tensiones”.
Mientras la formación nacionalista laica Partido Republicano del Pueblo (CHP) y su entorno celebraban hoy el veredicto, muchos comentaristas se preguntaban cómo se podrá gobernar el país tras esta desautorización judicial al ejecutivo y la columnista del diario liberal-progresista ‘Taraf’ Yasemin Çongar auguró que, de seguir así, el Tribunal Constitucional terminará por “ilegalizar el parlamento”.
Lo cierto es que la decisión judicial amenaza con dividir aún más la sociedad turca entre los partidarios del estricto laicismo y nacionalismo oficiales -la elite laica urbana, los altos funcionarios, el ejército y los jueces- y los partidarios de un régimen más abierto y permisivo -la nueva burguesía musulmana, los intelectuales liberales, la población rural y las minorías-.
“¿Cuánto tiempo más puede sobrevivir la oligarquía burocrática en base a una pretendida democracia? ¿Cuánto tiempo más durará la vigilancia de esos burócratas sobre los políticos civiles?”, inquirió Hüseyin Gülerce desde las páginas del conservador ‘Zaman’.
La ponente del informe sobre Turquía del Parlamento Europeo, Ria Oomen-Ruijten, ofreció una posible solución: “El gobierno debe redactar una nueva constitución en la que las libertades básicas no sean sólo para un grupo sino para todos los ciudadanos. Es necesario para que Turquía se pueda modernizar”.
Tras vencer las elecciones legislativas del pasado año con el 47 por ciento de los votos, el gobierno del AKP comenzó a preparar una nueva constitución que, según sus primeros borradores, hubiese ampliado los derechos individuales (incluido el derecho al libre uso del velo en la universidad), pero el ejecutivo de Erdogan, por razones que no hizo públicas, dejó aparcada la nueva constitución y prefirió reformar el actual texto únicamente en el aspecto del velo.
De momento, la situación es de incertidumbre, como señaló, también en ‘Zaman’ el veterano analista Mumtaz’er Türköne: “A partir de ahora nada podrá sorprendernos. El AKP podría ser ilegalizado, el presidente podría ser desalojado del (palacio presidencial) de Çankaya. Podríamos entrar en un periodo de golpes de estado, cualquier cosa puede ocurrir”.

Recordemos que la Unión Europea ya condenó la posibilidad de que el AKP fuese ilegalizado. El juicio continúa en manos de los jueces del Tribunal Constitucional, en un proceso que comenzó el pasado 14 de marzo a instacia del Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya.

Fotos: (de arriba a abajo)
El relator del Tribunal Constitucional turco, Osman Can. En su informe preliminar sobre el caso contra el AKP recomendó a los jueces constitucionales que abriesen el proceso de ilegalización y así se hizo. En cambio, en el recurso de inconstitucionalidad ante la reforma de la carta magna para permitir el uso del velo en las universidades, Can recomendó al tribunal que rechazase el recurso de la oposición, pero el Constitucional no le hizo caso y optó por la decisión más drástica: eliminar por primera vez en la historia una reforma constitucional. También podría haber optado por una medida menos polémica como había hecho en otras ocasiones: aceptar la reforma constitucional pero puntualizar que ésta no era suficiente para permitir el uso del velo en las universidades (esta opción era la que más posibilidades tenía según las apuestas de los pasillos políticos de Ankara).
El Fiscal General del Estado y presidente del Tribunal Supremo, Abdurrahman Yalçinkaya, conocido por sus ideas nacionalistas y su ferviente oposición al AKP.
Una vez más Erdogan: ¿será inhabilitado de la política como ya sucedió en los años 90?

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El Constitucional anuló una enmienda de la ley que autorizaba vestir esta prenda en las universidades, con el argumento de que atenta contra el carácter laico del Estado turco.

«Esta decisión significa que las mujeres que visten türban se verán obligadas a elegir entre su religión y la educación», declaró Holly Cartner, directora de HRW para Europa y Asia Central.

«Es verdaderamente decepcionante y no augura nada bueno del proceso de reformas» que Turquía ha puesto en marcha para acercarse a la Unión Europea.

El AKP, la formación islamista del primer ministro Recep Tayyip Erdogan que tiene abierta una causa para su ilegalización, ha acusado al Constitucional de extralimitarse en sus funciones, ya que sólo puede tratar cuestiones de forma.

El presidente del Parlamento, Koksal Toptan, propuso reducir los poderes del Constitucional.

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El País publica el 8 de abril la siguiente información: “Turquía retira la ley mordaza contra la libertad de expresión”. Por “ley mordaza” se refieren al artículo 301 de su Código Penal que castiga con penas de hasta tres años de cárcel los “insultos contra la identidad turca”. Supongamos ahora un código penal que establezca hasta dos años de prisión no por insultar a una comunidad nacional sino sólo por dañar el prestigio de una determinada familia. Es el caso de España, así lo establece el punto 2 del artículo 291: “Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Por supuesto, aquí ningún periódico llama a eso “ley mordaza”.

En la misma noticia, también descubrimos que en Turquía el Tribunal Constitucional está estudiando la posibilidad de ilegalizar y disolver al partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) “acusado de no garantizar la separación entre Estado y religión, después de haber acabado con la prohibición de que las mujeres que se cubren con el pañuelo islámico puedan estudiar en las universidades”. Si allí se quiere disolver al partido que gobierna porque vulnera la laicidad al permitir que las mujeres estudien con pañuelo islámico, imaginemos en España donde los ministros prometen frente a una cruz católica, los militares celebran y desfilan el día de la virgen del Pilar, todos los representantes políticos municipales encabezan las procesiones, los medios públicos difunden los actos religiosos de una determinada confesión y el Estado financia la actividad de la Iglesia, la exonera de pagar impuestos y asume el sueldo de los profesores de religión.

He llegado a la conclusión de que quiero que apliquen en España la ley turca, sin duda mucho más democrática que la nuestra, así eliminarían el artículo del Código Penal que impide criticar a la monarquía y los partidos que ilegalizarían serían los que no garanticen la separación entre Estado y religión.

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Desde que el pasado 30 de marzo el Tribunal Constitucional de Turquía decidió lanzar un proceso de ilegalización contra el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) se ha inaugurado en el país anatolio una nueva crisis política de confusos perfiles. ¿Cómo puede ocurrir que la fiscalía del Tribunal Constitucional, en un país supuestamente democrático, se lance a ilegalizar el partido del gobierno que además goza de amplia mayoría parlamentaria?¿Sus señorías se han dado cuanta, precisamente ahora, de que la formación política que ha ganado por amplio margen dos elecciones legislativas consecutivas es un peligro para la democracia? La acusación achaca “actividades antilaicas” al AKP, en cansina repetición de la ya vieja cantinela sobre la “agenda oculta” del partido en el poder.

Porque en esencia, el ataque, que desearía devenir un golpe de estado jurídico, es un anacronismo. La maniobra ha venido siendo habitual en la Turquía republicana desde la misma instauración del régimen por Mustafá Kemal en los años veinte del siglo pasado. Después, durante la Guerra Fría, los poderes fácticos se acostumbraron a este tipo de actos de fuerza, en tiempos de democracia vigilada, cuando Turquía era un peón estratégico de los Estados Unidos en la lucha contra el Imperio del Mal soviético.

Precisamente por ese largo pasado de actos de fuerza, todavía le impresionan mucho a la mayoría de los turcos estas maniobras y golpes de fuerza. Pero esta vez parece que las cosas están cambiando. Una de las razones principales de ello reside en Bruselas. Ha transcurrido tan sólo un año desde que el pasado año, el 17 de abril, el Estado Mayor del Ejército turco colgó en su página web un memorando en el que protestaba ante la elección de un presidente de la república procedente del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo. Por entonces, la respuesta de la Unión Europea a la amenaza de un posible golpe real, fue más bien tibia.

Pero por esta vez, doce meses más tarde, la Unión Europea ha tenido claro el mensaje a enviar: adelante con las reformas, acelerarlas en la medida de lo posible, y nada de entretenerse en las viejas disputas políticas. Y lo ha hecho el mismo Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, que viajó a Ankara el pasado 10 de abril. Incluso el mismo gesto de desplazarse hasta allí resultaba de inequívoco apoyo al ejecutivo de Erdo?an y la presidencia de Gül. También Olli Rehn, el Comisario para la Ampliación, se mostró muy crítico con la escasa calidad democrática de la denuncia. Y lo mismo hizo el gobierno alemán, todavíoa más contundente. Por su parte, el ejecutivo turco respondió favorablemente llevando al Parlamento el polémico artículo 301 del Código Penal para su retirada: esta ley permitía procesar con facilidad a cualquier ciudadano por acusaciones de insulto contra la identidad nacional turca. Ello, lógicamente, ha exacerbado la inquina de los sectores que hasta ahora eran definidos simplemente como “laicos” peor que de hecho se vienen identificando cada vez más como ultranacionalistas.¿Qué es lo que ha cambiado para que Bruselas haya dado un viraje tan pronunciado en el periodo de un año? En primer lugar, la constatación de que la popularidad de Partido de la Justicia y el Desarrollo es real: ha ganado dos legislativas consecutivas por mayoría, tras largos años de parlamentos fraccionados. De otra parte, el comportamiento democrático del gobierno es constatable, mientras que las acusaciones de su “agenda oculta” islamista son tan sólo eso: una clásica teoría conspirativa que pretende utilizar como pruebas la falta de indicios. Las acusaciones vertidas por la derecha conservadora laica en el sentido de de que las enormes subidas del precio del arroz en Turquía (un 130% en los últimos tres meses) son debidas a maniobras especulativas de empresas alimenticias relacionadas con el gobierno, vienen a tratar de ignorante a la población, en un momento en el que la prensa mundial está alertando del aumento de los precios de productos agrícolas básicos en todo el mundo, con episodios de explosiones sociales en Egipto, Túnez o Haiti, situaciones de gran alarma social en Filipinas y subidas pronunciadas incluso en los Estados Unidos.

Por lo tanto es un momento delicado: se perfilan nubarrones de recesión económica capaces de descargar sobre la sociedad turca arruinando el prestigio adquirido por Erdogan y su gobierno; pero eso ocurre después de que el ejecutivo, apoyado en la mayoría parlamentaria, hubiera estabilizado la política turca. En tal contexto, Bruselas no le perdonaría a los sectores “laicos”, nacionalistas o ultraderechistas que desestabilizaran a Turquía justo en este momento, cuando las posibilidades de ingreso del país en la UE empezaban a cobrar impulso. Porque el daño sería devastador, dado que esos sectores de oposición no presentan un frente unido, no tienen un proyecto político moderno, no podrían llevar a Turquía a la UE y desequilibrarían al país irremisiblemente y durante años.

Además, la respuesta de Barroso deja aclaro algo que, a estas alturas, ya no es ninguna novedad, a pesar de que determinados comentaristas se empeñen en seguir sosteniendo lo contrario, más por prejuicios ideológicos –muchas veces de extrema derecha tendencia Eurabia más o menos camuflada en envolturas seudointelectuales- o personales, que en base a un análisis riguroso y desapasionado. Esto es: según cómo y en base a qué tuviera lugar, un fracaso en el proceso de negociación de la candidatura turca sería una catástrofe para la Unión Europea. Y ello no tanto por la pérdida de los beneficios económicos o estratégicos que se derivarían de esa integración, como por tener que asumir importantes errores de cálculo, incapacidad para gestionar el proceso y establecimiento de precedentes que incluso podrían afectar a países ya integrados.

Por lo tanto, la maniobra ejecutada, claramente política, puede costarle muy cara al Tribunal Constitucional turco. Está claro que tiene en contra a Bruselas, así como a un porcentaje muy elevado de la población; y ni siquiera está demostrado que una parte significativa del Ejército y el aparato de inteligencia esté detrás de la intentona desestabilizadora. Si triunfa la iniciativa el Partido de la Justicia y el Desarrollo resulta ilegalizado, cayendo el gobierno y colapsándose hasta la presidencia, ¿quién tomará en sus manos la ruina política que será Turquía?¿El más que agotado CHP neokemalista (en realidad socialista nacional) con su desacreditado Deniz Baykal a la cabeza?¿Pero tienen realmente un régimen político de recambio? Aquí se está jugando una partida fuerte, no un remiendo, no una finta. Aunque sea producto de un espasmo corporativo -el de un poder judicial que se considera último depositario de las esencias de la República- la maniobra de apostar por la ilegalización del AKP es una estocada, no un bofetón. Va mucho más allá de una polémica entre intelos de salón en cualquier periódico.

Y lo que es peor: no parece que sea el comienzo de nuevas ideas, de propuestas inteligentes y realistas, sino que después de múltiples empujones, manifestaciones, amenazas, rumores, llanto y crujir de dientes, a los sectores laicos más duros ya no se les ocurre nada más que lanzar por delante a un grupo eminentes juristas. Si hubieran podido hacer algo más eficaz o contundente, ya lo hubieran hecho. Y de momento, no han podido.

Curiosamente, es posible que ni la extrema derecha nacionalista (el MHP o Partido de Acción Nacionalista) esté realmente interesada en el vacío político que generaría en la arena política turca la ilegalización del AKP. En los últimos meses, la formación ultra ha estado acariciando la posibilidad de erigirse en “partido bisagra” entre el CHP y el AKP. El pasado mes de febrero, una amplia mayoría de diputados del Parlamento en Ankara, superior a dos tercios del total, votó a favor de las enmiendas constitucionales propuestas por el AKP, en virtud de las cuales se terminaba con la prohibición del velo (el türban, en realidad) en las aulas. Pues bien, al parecer la maniobra contó con el apoyo del MHP, dado que la extrema derecha turca ha ido estructurando un discurso en el que cabe de todo: ataturkismo, glorias otomanas al frente del islam, panturquismo y exaltación de la herencia republicana. Un discurso “tous azimuts” muy propio del fascismo y el populismo radicales, que ahora le viene muy bien al MHP para tontear con unos y otros. A cambio de eso, la jugada suprema: un golpe de estado encabezado por los fiscales del Tribunal Supremo que generaría un enorme vacío de poder, y un MHP que lo llenaría, desbordando al CHP y a golpe de consignas “contra todos” como las coreadas en una “manifestación popular” hace pocos días, en la que se gritaba contra el “complot internacional”, contra Europa y contra América.

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El ministerio de agricultura de Turquía pidió hoy a los ciudadanos que se abstengan de comprar arroz durante unos días para intentar frenar la ola especulativa que está sufriendo este cereal en el país.

Las autoridades tratan calmar los ánimos de la opinión pública y la oposición parlamentaria ante la subida del precio del arroz en un 130 por ciento durante los últimos tres meses.

Según el ministro de Agricultura, Mehdi Eker, este movimiento inflacionista responde al interés de algunos distribuidores e importadores por obtener un mayor beneficio y que en unos días el problema podría corregirse al tratarse de una crisis ficticia.

Como solución propuso el consumo de productos alternativos y la distribución estatal de arroz por debajo del precio de mercado, asegurando que en Turquía hay suficiente cantidad para satisfacer las necesidades locales.

Sin embargo el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Turquía (TÜSIAD), Arzuhan Dogan, advirtió que el alza de los precios se debe a una corriente que se está dando en todo el mundo y que, en el caso de Turquía, se ve agravada por la alta inflación.

El arroz es uno de los principales productos alimenticios en el país y fundamental para los sectores con menos recursos económicos, y una parte debe ser adquirida en terceros países para alcanzar la demanda interna.

La distribución en manos privadas, 200 mil de las 550 mil toneladas que se consumen, y las importaciones, 70 mil toneladas según los últimos datos oficiales, podrían ocasionar parte del problema.

Pero el director general de la Asociación Agrícola e Turquía, Ibrahim Yetkin, advirtió sobre la crisis que se avecina en el sector, la peor de la década, ante el descenso en la producción de trigo, maiz, arroz y girasol, y que hará que los precios se incrementen.

Algo que se está repitiendo en muchas partes del mundo y por lo que las Naciones Unidas ya pidió a la comunidad internacional que se tomen medidas urgentes contra la crisis global de alimentos, encaminadas a aumentar la producción y disminuir los precios.

También el Banco Mundial advirtió días atrás que más de 100 millones de personas en el mundo se encuentran bajo la amenaza del hambre.

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Turquía está de nuevo inmersa en una nueva crisis. El proceso judicial de ilegalización del gobernante AKP presenta una vez más un falso debate. Nos muestran esta situación como un nuevo pulso entre laicistas e impulsores del islamismo. Lecturas simplistas que no hacen sino disfrazar la compleja coyuntura turca.

La demanda de ilegalización del AKP, presentada por la Fiscalía General del Estado, ha convulsionado aún más el panorama político de Turquía. Para el autor del análisis, «las maniobras recientes no son un mero movimiento legal, sino que esconden importantes impulsos».

La lucha por el poder entre los defensores del establishment (burocracia estatal, políticos y, sobre todo, los militares) y el AKP, con el apoyo de sectores del capital temerosos de que la crisis les traiga pérdidas económicas, es la clave de la reciente y sobresaltada historia política de Turquía. El deseo de los primeros de seguir con sus privilegios les conduce a mantener una oposición radical ante los intentos reformistas auspiciados por el Gobierno. De ahí que aprovechen cualquier tema (la cuestión chipriota o kurda, el acceso a la UE, el velo o los programas militares) para maniobrar contra el AKP.

No se trata de una defensa del laicismo, pues pese a que oficialmente la religión ha sido apartada de los asuntos estatales, ésta ha impregnado buena parte de la actividad estatal.

La historia se puede repetir y las fuerzas partidarias del status quo vuelven a intentar derrotar judicialmente a una fuerza política que cuenta con el respaldo de buena parte de la población.

Si en el pasado ya se produjeron situaciones similares (más de veinte partidos políticos prohibidos, en su mayoría de carácter islamista, kurdo o de izquierdas), en esta ocasión, el apoyo popular que sustenta el Gobierno del AKP es mucho más elevado, y podría incrementarse en el futuro. Por otro lado, la reacción internacional también sería diferente, y la pasividad del pasado no se repetiría y, de hecho, algunas voces ya han apuntado al coste que debería pagar Turquía (acceso a la UE, proyectos económicos…).

El precio político es más que evidente, pero a determinados sectores también les preocupa el peaje económico. La economía turca está expuesta a la influencia de los movimientos de capital internacionales y depende en buena medida del comercio y los acuerdos internacionales; cualquier recesión tendrá severas consecuencias en el desarrollo económico.

El último pretexto ha sido la legislación promovida por el AKP en torno al uso del pañuelo islámico en las universidades, lo que se presenta como «un atentado al laicismo del Estado turco». Sin embargo, esta medida ha sido promulgada en clave reformista y siempre guardando un interesado equilibrio. El permiso para llevar el pañuelo afecta a las estudiantes, no a las profesoras. Además, coincide con otra medida «reformista», la «reevaluación» del Hadith (las tradiciones orales que relatan las palabras del profeta Mohammad), y que busca una interpretación más moderna del Islam.

La élites oligarcas parecen mostrar sus intenciones y, en esta ocasión, le ha tocado el turno a la judicatura, un mecanismo «sagrado, incuestionable y no criticable» que está puesto al servicio de esa minoría influyente que quiere seguir controlando los resortes del Estado. Algunos analistas han definido la actual situación como «golpe burocrático o juristocracia».

Este proceso ilegalizador no es el único, ya que desde hace tres meses está abierta una solicitud similar contra otro partido parlamentario, el pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP).

Algunas formaciones turcas afirman por la boca pequeña que «las urnas son las que deben castigar a los partidos», pero, al mismo tiempo, no tienen ningún problema en aprovechar la coyuntura creada bajo el manto del furor ilegalizador.

En Turquía también circulan algunas hipótesis que hablan además de una teoría conspirativa. Las recientes detenciones de determinados miembros cualificados de la sociedad podrían estar relacionadas con una investigación gubernamental para desmantelar la trama «Gladio», conocida como Ergenekon. Esta estructura nacida durante la Guerra Fría, y autora de buena parte de las muertes políticas sin esclarecer, tendría lazos muy fuertes con las fuerzas defensoras del status quo.

Al AKP se le plantean tres opciones: Una reforma constitucional consensuada, pero no cuenta con el respaldo suficiente; el cambio de artículos constitucionales (el 68 y 69), que frenarían en parte las medidas judiciales o las dificultaría y sería llevado a una consulta popular; y finalmente, un adelanto electoral, haciendo coincidir las elecciones municipales de marzo de 2009 con las legislativas.

2008 va a estar inmerso en un clima muy tenso, sin la estabilidad que demanda la sociedad. Estas actuaciones «golpistas» pueden tirar por tierra (tal vez lo que se pretende) la política del AKP, y «devastar los indicadores económicos».

Turquía «deberá hacer frente a importantes retos y presiones internacionales y las tensiones internas podrían incrementarse», mientras «el problema kurdo se complicaría todavía mucho más». Sin olvidar tampoco la influencia que una ilegalización del AKP tendría en el mundo islámico. Tanto desde Occidente como desde formaciones políticas islamistas, se observa con atención la evolución del AKP, al que algunas fuentes lo situarían en una especie de puente entre el Islam y la democracia, y la materialización de una formulación política de estilo «demócrata-islamista».

Las fuerzas del establishment kemalista seguirán utilizando todos los resortes, legales o conspirativos, que le quedan para frenar el cambio estructural. Si una intervención militar parece descartarse de momento (no cuenta con el apoyo internacional necesario ni de las fuerzas empresariales del país), los ataques contra los kurdos podrían incrementarse, y ser de nuevo los chivos expiatorios.

De materializarse los procesos contra el AKP y el DTP, nos encontraríamos con las provincias del sudeste del Estado turco -donde el 90% de la población habría apoyado a esas formaciones- sin representación. De ahí que algunos analistas señalen que «el sistema no se colapsará, pero la situación democrática sería cuando menos precaria».

Las maniobras recientes no son un mero movimiento legal, sino que esconden importantes impulsos políticos.

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Todo preparado para que mañana comience la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Estambul, que este año contará con la presencia de varios largometrajes latinoamericanos, aunque sólo uno competirá en la sección oficial.

Se trata de la película argentina “XXY“, ópera prima de la realizadora Lucía Puenzo, que relata los problemas de un adolescente hermafrodita que vive con sus padres en una cabaña retirada del mundo exterior.

Protagonizada por Inés Efrón y Ricardo Darín, la cinta fue doblemente galardonada en el festival de Cannes, y en el de Bangkok, así como en los últimos premios Goya donde se llevó el título a la mejor película hispano-americana.

Otro filme que ha despertado gran curiosidad es el colombiano “PVC-1” que será presentado en la sección de Derechos Humanos y cuyo director, Spiros Stathoulopoulos, participará en un debate en la última de las proyecciones que están previstas.

El largometraje aborda el problema de la violencia a partir de un caso real sucedido en Colombia, pero lo revolucionario del trabajo es que fue rodado en una sola toma de 85 minutos con soporte digital ya que una secuencia de tan larga duración era técnicamente imposible en celuloide.

La mejor película del último Festival de Berlín, “Tropa de Élite” del realizador brasileño José Padilha, viene precedida por la polémica al presentar de manera abierta la violencia, impunidad y corrupción policial en Río de Janeiro, mostrando además ejecuciones sumarias y torturas.

En “Calle Santa Fe“, la chilena Carmen Castillo articula su documental en torno a la figura de Miguel Enríquez, secretario general del MIR caído en combate el 5 de octubre de 1974.

El relato de Castillo, que fue pareja de Miguel, sobrevivió al operativo de guerra de la DINA y a la prisión exiliándose posteriormente en Francia, es una épica de la resistencia y la solidaridad, contrastada con la hostilidad del Chile neoliberal.

Por último, dos obras argentinas que podrán ser vistas en Estambul serán “La León” de Santiago Otheguy en el apartado de “Jóvenes Maestros”, y el clásico “La hora de los hornos” del documentalista Fernado Pino Solanas en a sección dedicada a la “Herencia del 68″.

Además destacan en el programa, por abordar la cuestión de las dictaduras militares del Cono sur, “¿Quién soy yo?“, exhibida y premiada en La Habana, de la directora Estela Bravo desde la óptica de los niños desaparecidos en Argentina.

Y la canadiense “Una promesa a la muerte“, documental sobre el exilio de Ariel Dorfman, quien fuera consejero cultural del presidente Salvador Allende, realizado por Peter Raymont y que recrea el golpe de estado y la represión desencadenada por Augusto Pinochet, usando para ello imágenes de archivo y partes del libro de Dorfman “Rumbo al Sur, deseando el Norte”.

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El Centro Cultural Nazim Hikmet presentó ayer en los cines Feriye de Estambul el largometraje “El Viaje de Nazim a Cuba”, una coproducción turco cubana que relata la visita que el más universal de los poetas turcos realizó a La Habana en 1961.

El documental causó una magnífica impresión al público asistente y tras la proyección intervinieron su realizador, por parte turca, y el agregado cultural de la embajada de Cuba, Alejandro Simancas, en representación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), partícipe en el proyecto.

El acto finalizó con unas breves palabras del poeta cubano Pablo Armando Fernández, de visita en Turquía, quien agradeció la favorable acogida y recordó la dimensión personal y literaria de Nazim Hikmet.

Invitado por Nicolás Guillén, el poeta turco visitó Cuba en mayo de 1961, reuniéndose con intelectuales, narradores y artistas de la isla, y tras lo cual escribió el texto “Reportaje en La Habana” que aparece recogido, de su propia voz, en el documental.

Realizado mediante imágenes de archivo y entrevistas recientes a poetas cubanos, el filme da idea del valor humano, creativo e ideológico de Nazim Hikmet, al tiempo que analiza los primeros años de la Revolución cubana que el poeta exiliado vio en primera persona.

Entre los participantes en el largometraje se encuentran Miguel Barnet, Lisandro Otero, Raul Valdés, Waldo Leyva, Georgina Herrera y Pablo Armando Fernández, quien entrevisto a Hikmet para el suplemento literario Los Lunes de Revolución y la televisión cubana en aquella visita.

El trabajo, que será estrenado en las salas de Turquía, ha sido realizado por Cagri Kinikoglu y Gloria Rolando, quienes además también presentarán en breve la obra en Cuba.

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Antonio Cuesta. Estambul

El PEN Club de Turquía anunció el viernes la concesión de su premio anual de poesía “Yunus Emre” al autor cubano Pablo Armando Fernández, por su labor artística y su destacado papel en la lírica latinoamericana. La decisión fue comunicada personalmente por el presidente de la asociación en el país, Tarik Gunersel, al término de la conferencia “La poesía contemporánea en Cuba”, que el poeta impartió en la Universidad de Estambul.

El representante del PEN Club hizo un breve repaso sobre la obra de Pablo Armando, y los méritos valorados por la comisión encargada del premio a la hora de su concesión, tras lo cual el intelectual cubano, notablemente emocionado por lo sorpresivo de la noticia, agradeció la distinción.

Según explicó Gunersel a Prensa Latina el fallo del jurado contó con la unanimidad de todos sus integrantes que apoyaron sin reservas la candidatura de Pablo Armando Fernández en la que será la primera edición del premio.

El premio de literatura que otorga el PEN Club de Turquía es el más reconocido en el país en este ámbito, pero este año se decidió añadir una categoría para poesía que lleva el nombre del poeta y místico turco del siglo XIII Yunus Emre, aclaró el directivo.

Igualmente se quiso aprovechar la visita al país de Pablo Armando Fernández para notificarle y entregarle el premio personalmente, esa fue la razón por la que no se le había informado con anterioridad, añadió Gunersel.

El PEN Club Internacional es una sociedad mundial de escritores fundada en 1921, que en la actualidad reúne a más de 15 mil poetas, ensayistas y narradores, y que cuenta con 138 centros repartidos en 98 países. Su principal objetivo es promover la cooperación intelectual y la tolerancia mutua entre los escritores.

Cálida acogida

Previamente la conferencia fue una muestra emotiva de reconocimiento a la figura del poeta cubano y a su carrera literaria.

El encuentro despertó un inusitado interés tanto entre los estudiantes de literatura española como entre académicos y poetas locales que acudieron a la cita con multitud de publicaciones en lengua turca con poemas del autor cubano.

A la entrada del salón donde se celebró el acto, los organizadores habían colgado una enorme pancarta donde se podía leer un poema junto a la imagen del escritor.

La presentación fue llevada a cabo por Ataol Behramoglu, profesor, poeta y traductor de la obra de José Martí al turco, y en ella se refirió a Pablo Armando Fernández como una de las grandes voces latinoamericanas, continuador de autores como César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén.

En su intervención el intelectual cubano hizo un recorrido de su vida, con constantes referencias a la influencia que sobre él tuvieron otros poetas del continente, explicando el sentido de su búsqueda personal y artística sobre lo que definió como la cubanía.

Explicó cómo finalmente halló la esencia de Cuba en su naturaleza y en su historia, y en todos aquellos hombres y mujeres que se sacrificaron y dieron todo lo que tenían, incluso su vida, para hacer un país soberano e independiente.

Aseguró que su llegada a la isla en 1959, pues con anterioridad había vivido en Estados Unidos, supuso el fortalecimiento de sus vínculos con España, con América Latina o “Nuestra América” como la definió Martí, y con la Revolución.

Cuba es hoy, añadió, un país con voz y rostro propio gracias a la poesía, la literatura, el teatro y otras muchas manifestaciones culturales, así como al espíritu de la lengua castellana y los aportes de África o Asia.

Durante la conferencia se recordó la reciente intervención del poeta cubano en el festival de poesía de Izmir, dedicado este año a América Latina bajo el título de “Poesía y Revolución”, y la publicación de un libro con los trabajos presentados en el mismo.

Igualmente hubo un entrañable recuerdo para el poeta turco Nazim Hikmet quien, durante la visita que llevó a cabo en 1961 a La Habana, estableció una fraterna amistad con Pablo Armando.

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La reciente desarticulación de la red terrorista Ergenekon rescató del olvido a la Iglesia Ortodoxa Turca, al hallarse entre los detenidos la portavoz del Patriarcado de esta congregación, Sevgi Erenerol. Pero el arresto, ayer miércoles, del Patriarca Pasa Ümit Erenerol (Eftim IV) evidencia que esta iglesia, reconocida únicamente por el estado turco, ha funcionado desde su fundación (en 1922) más como una organización parásita de las cloacas del estado que como una comunidad de fieles.

Poco se sabe sobre la actividad litúrgica de esta institución religiosa, pues sus tareas más conocidas la ligan a organizaciones fascistas, ultranacionalistas y unidades de la inteligencia del estado vinculadas a episodios de guerra sucia y acciones terroristas.

Ahora la fiscalía de Estambul, vincula este Patriarcado a la trama criminal de Ergenekon. En el registro efectuado en su sede, en el barrio de Karaköy, encontraron pruebas de vínculos financieros con la red terrorista y algunas armas. La investigación judicial apunta a que ese lugar era el centro de reunión y organización de la jefatura de Ergenekon.

Con la detención de la portavoz y de su hermano, el patriarca, puede llegar el fin de una iglesia carente de fieles y de cualquier tipo de base espiritual. Su creación durante la guerra de independencia, estuvo firmemente apoyada por el naciente gobierno republicano de Mustafa Kemal ‘Atatürk’.

Ochenta años más tarde su balance muestra que como iglesia nunca junto a más de 300 fieles, y que desde hace años únicamente los aproximadamente 40 miembros de la familia Erenerol forman la comunidad, si puede ser definida de ese modo. El patriarcado ha sido transmitido de padres a hijos, sin ninguna preparación eclesiástica, y sigue siendo dueño de tres iglesias que fueron arrebatas a la comunidad greco-ortodoxa en diversas épocas, con el beneplácito de los gobiernos de turno.

Sin embargo, como organización ultranacionalista siempre ha sabido situarse del lado del poder, y colaborar con él mediante actos de violencia contra cualquiera que cuestionara o criticara sus postulados autoritarios, racistas y reaccionarios.

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